La Lley d’Ús i Ensenyament del Valencià es uno de los grandes fracasos educativos y sociales de la Comunitat Valenciana. Así, sin más paños calientes. Hace casi 34 años que se promulgó con la finalidad última de que toda la población valenciana fuera competente en las dos lenguas oficiales y que pudiera expresarse libremente en la que quisiera. Claro que el concepto de libertad lleva implícita la posibilidad de elección y solo se puede elegir si se conocen ambas lenguas por igual. De cualquier otra manera no hay elección posible porque uno se ve condicionado por la incompetencia lingüística en uno de los dos idiomas. Pero esta Llei nació ya con vocación de Cenicienta a la que todos esconden el zapato de cristal para que nunca llegue a convertirse en princesa. Si hubiera sido efectiva, todos los menores de 30 años que han estudiado en nuestra Comunitat hablarían con fluidez castellano y valenciano y este asunto no despertaría el más mínimo interés. Tampoco sería necesario recurrir a un examen especial que acredite los conocimientos de valenciano porque ningún estamento oficial requiere esa misma prueba para comprobar que se domina la lengua castellana.
Parece que a los valencianos, el castellano se les supone como se les suponía el valor a quienes finalizaban el servicio militar, mientras que el nivel de conocimiento de la otra lengua autóctona se tiene que acreditar de manera oral y escrita. Y eso es mucho suponer. Para evitar agravios comparativos se debería exigir una prueba similar que justifique también el perfecto conocimiento del castellano. Ya veríamos cuántos de los que se quejan por no superar los exámenes de los niveles medio y superior de valenciano aprobarían esos mismos en castellano. Sin faltas de ortografía ni errores gramaticales, con variedad de léxico, diversidad en el uso de conectores, corrección en el empleo de tiempos verbales como el maltratado gerundio y con un discurso bien estructurado en registros formales y cultos. Sospecho que nos llevaríamos una desagradable sorpresa. Es relativamente frecuente escuchar comentarios de personas cuya lengua materna es el valenciano quejándose por haber suspendido el examen de la Junta Qualificadora. Conciben el uso vulgar de una lengua como una patente de corso que convalida su competencia lingüística, incluso para enseñarla a otros. Como si mi madre, con sus estudios elementales y su andaluz de calle, se creyera capacitada para dar clases de español amparándose en que es su lengua materna. Nadie cuestiona que se exijan certificaciones de conocimiento de lenguas extranjeras para acceder a cualquier puesto de trabajo en la Administración o en la empresa privada. Hace poco vi un anuncio en el que se pedía el nivel B2 de inglés para un puesto de chófer en un rent a car de Alicante. Si llegan a exigir el mismo nivel de valenciano, algún diario lo habría llevado a titulares y todo…
Lo mismo ocurre con los certificados de españolidad. Para optar a la nacionalidad, no solo te hacen un examen de castellano, sino también de historia, de política y de actualidad. Y, o mucho me equivoco, o una inmensa mayoría de españolitos con su dni en la cartera no superarían una prueba que pregunta por la duración del mandato del Defensor del Pueblo o por cuántos ciudadanos deben respaldar una iniciativa legislativa para poder presentar una proposición de ley. Así que, si la Generalitat exige que se acredite la competencia lingüística en valenciano después de más de 30 años enseñando esa lengua en los colegios es que algo no han hecho bien. Y puede que no solo en la enseñanza del valenciano porque como se metan en medir el conocimiento del castellano, aquí va arder Troya. Pues que arda, así no nos quemamos siempre los mismos.
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